En una sesión extraordinaria del Vigésimo Quinto poder legislativo del Congreso del Estado, fue aprobada la controvertida Iniciativa de Reforma Constitucional que integra a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Con 19 votos a favor y 6 en contra, la reforma fue avalada, generando un intenso debate entre los legisladores sobre sus implicaciones para la seguridad pública.

Quienes respaldaron la reforma argumentaron que esta no representa una militarización de las funciones de seguridad pública, mientras que la oposición expresó su preocupación por los riesgos inherentes a que las fuerzas armadas asuman un papel preponderante en las tareas de seguridad.

La diputada Daylín García Ruvalcaba, del partido Movimiento Ciudadano (MC), fue una de las voces críticas. En su intervención, cuestionó la premura con la que se estaba procesando la iniciativa, señalando que no se estaban dando las condiciones necesarias para un análisis profundo. "Estamos recibiendo los documentos por parte del Congreso de la Unión y no nos está quedando claro por qué se están dispensando los trámites de cuestiones muy profundas y muy importantes para este país. Nosotros no solo estamos aquí para recibir documentos y aprobarlos en automático, tenemos el derecho, las y los diputados, de revisarlos a profundidad", reclamó García Ruvalcaba.

La legisladora también manifestó su descontento ante lo que percibe como una imposición de agendas partidistas. "Ya basta de que este Congreso únicamente esté siendo una oficialidad de partes para un trámite administrativo y cumplir con un requisito a nivel nacional de una agenda partidista, porque es una agenda de Morena", enfatizó, señalando la necesidad de una mayor independencia legislativa frente a las líneas partidistas.

Por otro lado, el diputado Jorge Ramos defendió la reforma y sostuvo que no implicaba la militarización de la seguridad pública, sino una reorganización de las fuerzas operativas. "El alcance de esta reforma es separar la política partidista de la política de seguridad pública y la política de seguridad nacional, siendo totalmente distintas", explicó Ramos. Agregó que la reforma no otorga a la Guardia Nacional la capacidad de definir la política de seguridad pública, sino que la posiciona como una unidad ejecutora en coordinación con el gobierno federal.

Con la aprobación de esta reforma, Baja California se une a otros estados en el respaldo de una medida que ha generado debates a nivel nacional sobre la conveniencia de incorporar a la Guardia Nacional a SEDENA, un tema que sigue polarizando opiniones tanto en el ámbito político como en la sociedad mexicana.

La discusión sobre los efectos a largo plazo de esta reforma en la seguridad pública del país continuará