La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa para reformar el Código Civil del estado y añadir la figura del "divorcio incausado" o sin expresión de causa. Esta propuesta busca otorgar mayor certeza a las resoluciones judiciales y simplificar un proceso que, actualmente, exige la acreditación de motivos específicos para poder disolver el matrimonio.

Geraldo Núñez explicó que su iniciativa responde a las recientes directrices constitucionales y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo pronunciamiento impulsa la necesidad de eliminar la carga procesal impuesta en Baja California para demostrar los motivos de divorcio. La diputada señaló que, al mantener una lista de causales para justificar la disolución del matrimonio, el proceso legal en el estado se convierte en un camino complejo, costoso y emocionalmente desgastante, no solo para los cónyuges sino también para sus hijos y otros familiares.

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Un punto central de su propuesta radica en que, en muchos casos, las causales exigidas en la legislación actual dan lugar a que se utilice a los menores de edad como una forma de presión o “moneda de cambio” en el litigio, derivando en conflictos familiares innecesarios. Para evitar estos problemas, la reforma propone un proceso de divorcio sin necesidad de probar ninguna causal, dejando a salvo los derechos de los hijos y familiares para asuntos relativos a pensión alimenticia, custodia y convivencia, entre otros.

La diputada destacó que esta reforma también aliviaría la carga de trabajo para jueces, abogados y servidores públicos, ya que el sistema actual exige presentar pruebas, realizar notificaciones y participar en múltiples diligencias y audiencias, lo que se traduce en un desgaste considerable de recursos económicos y humanos en los juzgados familiares.

Finalmente, Araceli Geraldo indicó que 19 de las 32 entidades federativas en México ya han adoptado la figura del divorcio incausado, siguiendo las pautas de la SCJN. Con su iniciativa, que propone modificaciones a los artículos 263 y 264 del Código Civil de Baja California, espera que Baja California se sume a estos estados y avance en la armonización de su legislación en favor de una impartición de justicia más ágil y respetuosa de los derechos de los involucrados.