Petróleos Mexicanos ha reconocido en su reporte entregado a la Comisión de Valores de Estados Unidos que las acciones implementadas para combatir el robo de gasolinas y gas en sus ductos no han producido mejoras sostenidas en los últimos años. 

 

Según el informe, en 2023 y 2022 se descubrieron 14,890 y 13,946 tomas ilegales de oleoductos, respectivamente, señalando un aumento en la explotación ilegal de sus instalaciones.

 

Este incremento en la actividad delictiva ha generado preocupación en Pemex debido a los riesgos asociados, como explosiones, daños ambientales, lesiones y pérdida de vidas. La compañía petrolera advierte que estos incidentes podrían afectar negativamente sus operaciones, resultados financieros y situación financiera en general.

 

Para enfrentar este desafío, Pemex implementó en 2019 el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de prevenir y reducir el mercado ilícito de combustibles. Sin embargo, el número promedio de tomas clandestinas sigue siendo alto, con un promedio de 42 tomas al día, lo que suma alrededor de mil 255 "piquetes" al mes.

 

En cuanto a las denuncias por tomas clandestinas, Pemex ha presentado un aumento significativo, con 5,429 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República a mediados de diciembre pasado, un incremento del 168% respecto al año anterior. Las entidades con mayor concentración de tomas clandestinas incluyen Hidalgo, Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León, siendo los ductos Salamanca-Jalisco, Madero-Cadereyta, Nuevo Teapa-Poza Rica, Minatitlán-Tula y Tuxpan-Tula-Azcapotzalco los más afectados, según informó Grupo REFORMA en febrero.