En un esfuerzo por fortalecer la economía mexicana y combatir el fraude fiscal, el diputado federal por Baja California, Fernando Castro Trenti, junto a Ernesto Alejandro Prieto, presentó una proposición ante el Congreso.

 En su solicitud, piden a la Secretaría de Economía la extensión de las cuotas compensatorias al calzado de origen chino y la implementación de medidas para frenar el fraude fiscal en plataformas de comercio electrónico y servicios de mensajería.

 

 

---

 

La propuesta sigue la estrategia económica de Claudia Sheinbaum para proteger a productores nacionales y crear un mercado más justo ante el comercio ilegal y los bajos precios de productos importados.

 

Las cuotas compensatorias buscan equilibrar el mercado ante productos extranjeros que se venden por debajo del precio nacional.

 

El calzado chino, según los diputados, provocó un déficit de 776.41 millones de dólares para la industria mexicana en 2022. Este número no incluye el impacto del mercado negro, que se estima genera pérdidas de 12 mil millones de pesos. 

También te pude interesar: Cempasúchil y calaveritas: Inicia la venta previa al Día de Muertos en Tijuana

 

Las cuotas compensatorias actuales, que vencen en enero de 2025, podrían ser extendidas una vez concluida la investigación de la Secretaría de Economía sobre los efectos de las importaciones chinas en el sector calzado.

 

Además, los diputados proponen que estas cuotas se apliquen también al comercio electrónico, donde detectaron el uso fraudulento del esquema “minimis” —exento de impuestos para envíos menores a 50 dólares—. A través de esta práctica, plataformas como AliExpress, Temu y Shein, envían pedidos mayores divididos en pequeñas fracciones, eludiendo las obligaciones fiscales.

 

---

 

 

Los legisladores enfatizan que estas prácticas fiscales indebidas han costado al gobierno más de 3 mil 200 millones de dólares, afectando gravemente la recaudación y el balance del mercado. 

Para contrarrestar esta situación, piden la colaboración de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Servicio de Administración Tributaria en la vigilancia y sanción de estas actividades.