El abogado fiscalista Roberto Quijano consideró “válida y justa” la propuesta para que la semana laboral en México pase de 48 a 40 horas, pero alertó que la forma en la que plantea el Congreso, un recorte inmediato de ocho horas, provocará una presión insostenible sobre las finanzas de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

“Pasar de una jornada de 48 horas a 40, de un día para otro, creemos que va a causar graves problemas a la empresa, porque el patrón va a tener que contratar más personal para poder cumplir con las mismas funciones”, advirtió.

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Quijano recordó que, sólo en la presente administración, el impuesto sobre nómina en Baja California acumuló un incremento de 40 %. “Es un tema que también afecta al trabajador, porque el dinero que pudiera llegar a su bolsillo se va a contribuciones y gasto público”, dijo. 

A su juicio, la estructura fiscal actual, que incluye cuotas al IMSS, Infonavit y el 30 % de Impuesto Sobre la Renta, coloca a los empleadores mexicanos entre los que más aportan en el mundo.

El abogado sugirió que la reducción se haga de forma escalonada, “una o dos horas por año”, para que las empresas ajusten turnos y nóminas de manera orgánica. De lo contrario, el alza en costos laborales podría traducirse en informalidad, subcontrataciones y, en el peor de los casos, despidos. 

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“Si bien el empleado mexicano merece más prestaciones y beneficios, la carga económica del patrón ya es de las más pesadas; sin incentivos fiscales, la reforma puede volverse contraproducente”, insistió.

La postura coincide con la preocupación que ha expresado el sector privado a nivel nacional tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de implementar gradualmente la reforma hacia 2030. 

Aunque la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respalda la idea, solicita flexibilidad y exenciones para pequeñas empresas en un contexto de baja productividad y alta informalidad.