El comercio organizado atraviesa una etapa de resistencia frente al panorama económico y a factores como la informalidad, el exceso de regulaciones y los cambios legislativos, afirmó Octavio De La Torre De Stéffano, presidente nacional de Concanaco Servytur.}

Durante una conferencia de prensa previa a la toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027, el dirigente señaló que la economía informal propicia condiciones de pobreza y precariedad, ya que quienes operan en ella carecen de acceso a servicios, financiamiento y seguridad social.

Respecto a los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos mexicanos, consideró que su impacto ha sido menor en comparación con la carga administrativa que enfrentan las empresas. Explicó que los permisos, autorizaciones, avisos, trámites, fiscalizaciones, revisiones y auditorías representan un mayor obstáculo para la actividad comercial.

Asimismo, advirtió que la reducción de la jornada laboral será otro de los retos que deberá enfrentar el sector empresarial en los próximos años.

De La Torre pidió que las decisiones en materia económica consideren la realidad del tejido empresarial del país, donde el 99.02 por ciento de las unidades económicas son micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y de ellas únicamente el 33 por ciento opera en la formalidad.

Al abordar los retos derivados del Pacto Nacional por la Prosperidad, la Justicia Económica y la Seguridad, recordó que en noviembre de 2024 la Concanaco planteó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que la cifra negra de la extorsión alcanzaba el 96 por ciento.

Indicó que, tras las modificaciones a diversas legislaciones estatales para perseguir este delito de oficio, el número de denuncias ha aumentado. En ese sentido, exhortó a la población a reportar los casos al número de denuncia anónima 089. Agregó que Sonora y Zacatecas son las únicas entidades que aún no han realizado estos cambios legales.

Finalmente, señaló que la extorsión telefónica continúa siendo la modalidad más común, aunque también persisten prácticas como el llamado "impuesto criminal", el derecho de paso y el cobro de piso. Advirtió que estos delitos incrementan los costos de operación de las empresas, los cuales terminan reflejándose en los precios que pagan los consumidores.