El sector patronal mexicano planteó la creación de un órgano independiente que permita auditar y transparentar los recursos contemplados en el Paquete Económico federal, además de demandar que la inversión pública priorice rubros como salud, educación y generación de empleo.

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tijuana, Elisa Ibáñez, señaló que la política fiscal debe enfocarse en optimizar el gasto y no únicamente en incrementarlo, mientras la propuesta presupuestaria se encuentra en análisis dentro del Congreso.

“Lo que proponemos es que se gaste mejor, no que se gaste más. Se está ampliando mucho el presupuesto en varios rubros con los que no estamos de acuerdo”, afirmó la dirigente empresarial durante un encuentro con medios.

Ibáñez también se refirió a la reducción de recursos proyectada para la Secretaría de Energía (Sener), la cual atribuyó a la conclusión de obras como la refinería de Dos Bocas y otros proyectos energéticos de la administración anterior que, según señaló, no han alcanzado el funcionamiento esperado.

En cuanto a las partidas destinadas al gasto social, la representante empresarial aclaró que el sector no está en contra de estos programas, pero consideró necesario establecer reglas claras y mecanismos que permitan conocer el destino de los recursos públicos.

“Estamos de acuerdo con los programas sociales, siempre y cuando haya transparencia y viabilidad. Por eso proponemos este consejo independiente”, explicó.

Sobre las perspectivas de crecimiento económico, la dirigente de Coparmex Tijuana consideró factible alcanzar la estimación de la Secretaría de Hacienda, que contempla un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1.5% y 2.5%, al considerar que la iniciativa privada mantiene capacidad para impulsar la actividad económica.

En materia fiscal, Ibáñez señaló que el aumento progresivo en las cuotas patronales de cesantía y vejez representa un costo para las empresas, aunque precisó que estos recursos se destinan a las subcuentas individuales de los trabajadores.

Asimismo, consideró que las restricciones a las deducciones contempladas en el proyecto fiscal tendrían un mayor impacto en los grandes corporativos, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas tendrían una menor afectación.