El pasado 31 de julio, la CNDH dio a conocer, a traves de un comunicado, una serie de  recomendaciones sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura en agravio por parte de elementos de la Secretaria de Defensa Nacional y de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California por hechos ocurridos en Tijuana, dando de plazo hasta este pasado 19 de septiembre para responder.

 

Dicha investigación empezó a través de un correo electrónico llegado a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos donde un ciudadano levantó una querella ante elementos de la Guardia Nacional, misma que dio pie a recopilar varias acusaciones de diferentes organismos con sede en la localidad.

 

Entre los relatos encontrados, en el oficio emitido, algunos ciudadanos y ciudadanas asevera que los sometían, cubrían sus ojos y usaban lenguaje altisonante por parte de algunas autoridades. Ante esto, se le preguntó a la Alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero que opinaba de esto y sobre la falta de respuesta, por lo que mencionó que cumplirán todas las recomendaciones que se den por parte de derechos humanos y “agradecida con que los y las ciudadanas denuncian”, así mismo no se obtuvo confirmación al respecto si estaba enterada que elementos de la dependencia de seguridad pública ciudadana también se hayan visto involucrados.