Durante esta semana, se ha desarrollado un intenso debate entre empresarios y el gobierno estatal en torno a la posible implementación de un aumento de impuestos para el sector empresarial en la futura ley de ingresos del año 2024. A pesar de los esfuerzos de la gobernadora por subrayar que se trata simplemente de un ajuste técnico en la tasa y que "el impacto ciudadano será el mismo", ya que los fondos se destinarán a infraestructura, seguridad y educación superior según lo indicado por Olga Alcalá, secretaria de Hacienda de Baja California, diversos organismos y representantes empresariales han expresado su descontento.

 

“En 2021 se estable una tasa del 1.20 y está se nos comentó que sería exclusiva a la educación superior, a finales del 2022 nos establecen otra de 1.25 justificando que se iría a infraestructura y seguridad del estado; ahora nos sorprenden otra vez con una reforma donde proponen que estas sobretasas formen parte del impuesto estatal, es decir a gasto corriente del estado donde no sabremos exactamente a qué se distribuirá”, señaló Susana Carillo, Directora de la comisión de seguridad social del CCPBC.

Durante la reunión, señalaron que Baja California se encuentra en el nivel tres de ser una de las entidades con mayor atractivo de inversión, por lo que exhortan al gobierno estatal, que más que “establecer o incrementar, debe brindar las facilidades, brindar certeza jurídica y generar un ambiente de confianza para las nuevas inversiones y crecer de manera natural, evitando que las empresas pequeñas se vayan a la informalidad”, afirmaron. 

“Estamos perdiendo posición de que nos volteen a ver. No tenemos nuevas carreteras, nuevas vialidades y la seguridad sigue igual en 2 años de administración; queremos que cumplan a lo que se comprometieron a hacer con esas sobretasas impuestas, no estamos en contra de pagar, sino que se realice lo prometido”, indicó el Dr. Rogelio Herrera, en presentación del CCPBC de Tecate. 

Por otra parte, Clemente Guerrero, representante de Estudios Fiscales del CCPBC afirmó que hace falta una explicación de motivos e información detalla sobre a dónde va el dinero que anteriormente estaba etiquetado y que ahora quedará para “gasto corriente”. 

Finalmente, indicaron que su propuesta consiste en mantener el impuesto tal como está, fijado en 1.89, y revisar que las sobretasas se dirijan hacia los sectores inicialmente propuestos. Asimismo, afirmaron que, al incluir estas sobretasas en dichos sectores, la mayoría de los empresarios interpuso un amparo expresando su descontento. Sin embargo, esto no los llevó a dejar de cumplir con los pagos establecidos. Será responsabilidad de los jueces determinar si el estado debe reembolsarles los impuestos pagados o si se mantendrán vigentes.

 

 

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