En Tijuana, la violencia y la impunidad han creado un entorno donde la extorsión y el cobro de piso a pequeños y microempresarios se ha convertido en un grave problema, con una mínima cantidad de víctimas que se atreven a denunciar ante las autoridades investigadoras. Gina Villalobos, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Tijuana, expresó que sus agremiados perciben un aumento en robos y extorsiones, con delincuentes demandando pagos para permitirles operar, llegando a cobrar desde 500 pesos a la semana bajo la amenaza de represalias debido al alto nivel de impunidad en Baja California.

Por otro lado, Roberto Quijano Sosa, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal, destacó que las amenazas y el cobro de piso son delitos que raramente se denuncian. En su opinión, la autoridad local parece estar rebasada y niega la realidad de la situación, que incluye la destrucción de locales comerciales. Los empresarios, particularmente afectados en la zona Este de la ciudad, no denuncian por temor a represalias.

Quijano Sosa señaló que este tipo de delitos, que pueden escalar a daños a la propiedad, lesiones y hasta homicidios, requieren de un esfuerzo considerable para ser denunciados, enfrentándose a una respuesta insuficiente por parte de las autoridades en términos de investigación y prevención.

Ambos líderes coincidieron en la necesidad urgente de abordar y prevenir este tipo de delitos para proteger a los negocios locales y restaurar la seguridad en la comunidad de Tijuana.

 

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