Durante su participación en la conferencia matutina de la gobernadora Marina del Pilar, la diputada Michel Sánchez destacó que si se publica en el Diario Oficial de Baja California, nuestro estado se convertiría en el cuarto del país en aprobar esta ley. Mientras tanto, en otros seis estados, la ley aún permanece en la "congeladora".

 

“Ley Sabina, es ahora una realidad, solo falta que la publique el poder ejecutivo. Somos el estado número cuatro en la república que la aprueban, en otros 6 estados está en la congeladora todavía no sale y el propósito de esta reforma es hacer visible aquellas personas deudoras alimentarias morosas y garantizar los derechos de las infancias y erradicar la violencia hacia las mujeres”, indicó Michel Sánchez para Baja News. 

Detalló que la iniciativa para la aprobación de esta ley se fundamentó en las estadísticas de Baja California, donde las mujeres jefas de familia representan el 30%, mientras que los hombres autónomos de familia solo el 5.7%. Esto se suma a la modificación de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes por parte del Senado en 2023, que otorgó a los congresos locales un plazo de 300 días para llevar a cabo las armonizaciones necesarias.

 

“Nosotros ya avanzamos, baja california está haciendo lo suyo en tiempo y forma le estamos dando atribuciones al poder judicial para que los jueces y juezas tengan las facultades para poder emitir los nombres de estas sentencias de los deudores alimentarios morosos y mandarlos al sistema nacional del registro nacional de obligaciones alimentarias y que va a pasar cuando las personas aparezcan en ese registro pierden ciertos derechos”, señaló la diputada. 

 

Una vez que la ley entre en vigor, aquellos hombres y mujeres denunciados por incumplimiento en pensiones alimenticias podrían enfrentar la pérdida de ciertos derechos, como la posibilidad de tramitar la licencia de conducir. Además, un juez podría informar sobre su situación financiera en caso de contraer matrimonio, lo que también podría dificultar la obtención del pasaporte. Asimismo, se les podría restringir la capacidad para emitir multas o sanciones.