Durante la mañana de este miércoles, un portal de la ciudad emitió un reportaje resaltando el cateo realizado por la Fiscalía General de la República el pasado 29 de febrero en una residencia situada en la quinta sección de Santa Fe. Esta residencia pertenecía a Marte Antonio Camacho Solano, quien ocupaba el cargo de encargado de turno en la Garita, El Chaparral. Durante el cateo, se descubrió una suma considerable de efectivo, superando el millón de pesos, así como un excedente de 27 mil dólares. Además, se confiscaron varios cartuchos de calibre 9 milímetros y se encontró una libreta que registraba cuentas y cobros a migrantes, detallando los costos según su nacionalidad.

 

Después del incidente, Camacho Solano y María Isabel Paredes, quienes trabajaban para el Instituto Nacional de Migración en Baja California, fueron arrestados. Sin embargo, fueron puestos en libertad unos días después por orden del juez Óscar Saúl Cortés Ortiz, quien aparentemente identificó fallos en el proceso legal. Fue hasta el día de hoy que la institución emitió un comunicado anunciando la remoción de ambos, luego de 15 años de servicio.

 

“El Instituto Nacional de Migración determinó separar de sus funciones a dos agentes migratorios que estaban adscritos a la oficina de representación (OR) en Baja California, a quienes la FGR inició una carpeta de investigación por presuntos actos ilícitos”, señala la tarjeta informativa expedida por el INM. 

 

Ante esta situación, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, destacó que la liberación de estas personas se debió a un asunto de jurisdicción federal, señalando así la persistente problemática que enfrentan las corporaciones respecto a las decisiones judiciales. Por otro lado, la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade, afirmó estar al tanto del caso a través de las mesas de seguridad; no obstante, aclaró que el proceso fue conducido únicamente por la Fiscalía General de la República, sin intervención alguna de la dependencia a su cargo.