Durante esta mañana, Meritxell Calderón, activista y fundadora de Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos brindó una conferencia de prensa para señalar que aún existen retos en la ley 3 de 3 en Baja California, debido a que la ley aplica sólo a servidores públicos o a quien pretenda una elección popular, sólo si hay un dictamen de sentencia.

 

Señalando que en Baja California llegó “mocha” y que realmente la iniciativa de ley que se presentó hace algunos años en algunos estados del sur del país debe mantenerse en que toda persona que esté en servicio público y/o pretenda buscar un cargo de elección popular cumpla con los requisitos de no ser deudor alimentario, no tenga denuncias, juicios o alguna condena por violencia familiar ni ser denunciado, demandado o estar bajo investigación por delitos sexuales.

 

En otro sentido, señaló que aún hay varias situaciones que atender en materia de violencia de género, por lo que lo siguiente para las mujeres en la política son campañas de prevención en materia de violencia contra las mujeres en razón de género, además de un violentómetro de violencia política, reconocimiento y representación de las líderes y mujeres forjadoras. 

 

Asimismo, indicó que actualmente la gobernadora del Estado de Baja California y la Alcaldesa de Tijuana no se han proclamado ni han actuado en pro de combatir la violencia política a las que han sido sometidas ambas y, que, al no mostrar una postura en ello, da un mensaje erróneo debido a que se necesitan representaciones políticas que busquen erradicar la violencia hacia las mujeres.