Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en La Paz salieron nuevamente a las calles para manifestarse en contra de la reforma constitucional propuesta para la institución. En el crucero de Colosio y Las Garzas, el personal judicial no solo expresó su oposición, sino que también buscó informar a la ciudadanía sobre los posibles impactos negativos de estos cambios en el sistema judicial. La reforma, argumentan, dificultará enormemente que los ciudadanos puedan ganar amparos en contra de la autoridad.

Cristian Oliver Santa María, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, explicó que, bajo las nuevas disposiciones, el recurso de amparo perdería gran parte de su eficacia. Antes de que las modificaciones entren en vigor, los ciudadanos aún tienen la posibilidad de promover amparos para obligar a las autoridades a cumplir con obligaciones relacionadas con medicamentos, decisiones ambientales y otros aspectos cruciales para la sociedad. Sin embargo, con la reforma, estas opciones se verían severamente limitadas, advirtió Oliver Santa María.

Por otro lado, Eduardo Farías Gasca, magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación en la entidad, criticó la reforma al afirmar que los legisladores federales están "dando un balazo en el pie a México". Farías Gasca subrayó que incluso el Embajador de los Estados Unidos ha señalado que estos cambios podrían afectar negativamente las relaciones comerciales entre ambos países. La reforma contraviene compromisos internacionales, como el Pacto de San José y la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que exigen la independencia judicial.

Finalmente, el magistrado destacó que la reforma podría vulnerar la separación de poderes establecida en la Constitución, permitiendo que los jueces y magistrados queden sujetos al poder político. Esta situación comprometería la imparcialidad y la justicia, dado que la experiencia y capacidad judicial se verían relegadas frente a la influencia política, afectando gravemente el equilibrio de poderes en el país.

 

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