La diputada Liliana Michel Sánchez Allende mencionó que la creación de la Ley Dariela, busca un nuevo marco legal que tiene como objetivo la prevención y capacitación en perspectiva de género en todas las instituciones públicas del estado, incluyendo la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso del Estado y organismos autónomos. La capacitación será obligatoria tanto para hombres como para mujeres en dichas instituciones.

"La realidad es que el tema de perspectiva de género siempre se ha visto como algo no importante, no prioritario, y así ha sido durante los últimos 30 años en los diferentes gobiernos y administraciones. En este periodo, con la gobernadora Marina del Pilar, es la primera vez que se logra un presupuesto con perspectiva de género", afirmó la legisladora. Agregó que la creación de esta ley es un reflejo del contexto de violencia que se vive en el estado.

Sánchez Allende destacó que la Ley Dariela busca enfrentar las resistencias que tradicionalmente han existido en las instituciones para abordar la perspectiva de género. "Estas resistencias siempre van a existir por el tipo de dinámica institucional que se ha normalizado. Cuando se cuestionan estas dinámicas, surgen resistencias", explicó.

De acuerdo con la diputada, las instituciones serán responsables de notificar a los trabajadores sobre su obligación de asistir a las capacitaciones. Si un empleado no presenta una justificación válida para su ausencia, se informará al Órgano Interno de Control de la institución, que tomará medidas para asegurar su participación en la capacitación. En caso de incumplimiento reiterado, se aplicarán sanciones, aunque estas no podrán ser graves, ya que la Suprema Corte ha determinado que el estado no tiene facultad para imponer sanciones severas, pero sí mínimas.

La Ley Dariela surge como un esfuerzo por fomentar la igualdad de género y transformar la cultura institucional en Baja California. Con su implementación, se espera que todos los servidores públicos tengan una comprensión más profunda de la perspectiva de género, contribuyendo a la construcción de un entorno más justo y equitativo para toda la población del estado.