Las declaraciones recientes de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sobre la posible presentación de una iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), han provocado reacción entre los jubilados y pensionados de todo el estado. En Mexicali, los burócratas retirados manifestaron su inquietud ante el impacto que estos cambios podrían tener en su bienestar.

Francisco Gómez Medina, dirigente estatal de los jubilados y pensionados de ISSSTECALI, así como representante seccional de Tijuana, expresó su preocupación: "Como jubilados y pensionados de ISSSTECALI dependemos doblemente de esa institución. No solo en el tema de salud, que es fundamental por nuestra edad y las necesidades médicas que esto conlleva, sino también en el aspecto económico, ya que ISSSTECALI es quien nos paga nuestras pensiones y jubilaciones", declaró Gómez Medina.

Aunque los pensionados reconocen que las leyes y reglamentos deben actualizarse con el tiempo, Gómez Medina subrayó que cualquier cambio a la Ley de ISSSTECALI debe realizarse de manera transparente y participativa. "Es necesario que se socialice la propuesta antes de que se presente formalmente, de modo que todos los factores involucrados sean considerados", añadió.

La inquietud de los jubilados también se origina por la reforma realizada a esta misma ley hace aproximadamente nueve años. En su momento, el entonces director del instituto aseguró que esa reforma garantizaría estabilidad financiera y operativa durante al menos 25 años. Ante este antecedente, los jubilados piden que cualquier nueva reforma se base en un análisis exhaustivo y externo del estado actual del ISSSTECALI.

Gómez Medina insistió en la necesidad de crear una comisión reguladora antes de avanzar con cualquier reforma. Según su propuesta, dicha comisión debería estar conformada por representantes de la burocracia y el magisterio en activo, así como jubilados, funcionarios gubernamentales, especialistas en la materia y académicos de universidades. Este enfoque, afirmó, permitiría una visión integral y garantizaría que los derechos de los jubilados y pensionados estén protegidos en cualquier cambio que se realice a la ley.