Con el objetivo de reforzar las políticas de responsabilidad administrativa y establecer sanciones más severas para prevenir la violencia de género ejercida por servidores públicos, la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California (LRAEBC). La legisladora busca que los funcionarios que incurran en actos de violencia contra las mujeres sean sancionados con mayor rigor, a fin de disuadir este tipo de conductas.

 

La propuesta de Corral Quintero introduce una disposición en la ley que señala como abuso de funciones cualquier acción, conducta u omisión que implique violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, ejercida por un servidor público. La iniciativa define que esta responsabilidad administrativa se aplicará tanto si el funcionario actúa directamente como si lo hace a través de un tercero, abarcando todos los tipos de violencia reconocidos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Baja California.

 

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Esta reforma busca abarcar una amplia gama de tipos de violencia, incluyendo la psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, obstétrica, digital, mediática, vicaria, familiar, laboral y docente, así como el hostigamiento y acoso sexual, la violencia institucional, en comunidad, y la feminicida. Con esta propuesta, cualquier servidor público que incurra en estos tipos de violencia podrá ser sancionado bajo la categoría de abuso de funciones.

 

“La igualdad y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia no es una ideología; se trata de los derechos humanos de las mujeres”, subrayó Corral Quintero. La diputada argumentó que los funcionarios de todos los niveles deben comprometerse a respetar y promover estos derechos, por lo que resulta imprescindible endurecer las medidas de responsabilidad administrativa para combatir la violencia de género dentro de la función pública.