Este jueves 28 de noviembre, el Congreso del Estado organizó un foro público liderado por la diputada Michel Sánchez Allende. El propósito fue enriquecer una iniciativa presentada y atender las demandas ciudadanas derivadas del incremento de irregularidades en la adquisición de inmuebles.

Durante el evento, la diputada destacó que el foro, realizado en formato de mesa de trabajo, facilitó un diálogo abierto y reflexivo con la participación de diversos sectores. Este espacio permitió analizar y compartir opiniones sobre posibles ajustes al marco legal vigente.

 

 

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La iniciativa busca ofrecer mayor certeza jurídica al establecer que no será posible aplicar de forma simultánea el plazo de prescripción positiva para dos o más inmuebles a favor de una misma persona, salvo que los terrenos sean contiguos. Este criterio aplica cuando la posesión se base en el uso del inmueble como vivienda, propia o de terceros. Asimismo, contempla escenarios como inmuebles en construcción o terrenos utilizados con habitaciones móviles, como vehículos o plataformas suspendidas.

Como antecedente, Sánchez Allende señaló que en Baja California han surgido numerosos casos de irregularidades relacionadas con la prescripción positiva. Por ejemplo, en Mexicali, una persona promovió 150 juicios entre 2023 y 2024 en la colonia Centenario Azteca para apropiarse de terrenos. También se destacó la investigación del Semanario Zeta sobre el denominado “cártel del despojo,” que identificó más de 1,000 juicios irregulares relacionados con la nulidad de títulos de propiedad. En el fraccionamiento Toledo, otra persona presentó 14 juicios similares.

 

Estos casos evidencian un preocupante aumento en el uso indebido de esta figura legal para despojar propiedades. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los reportes de prescripción irregular pasaron de 357 en 2021 a 1,582 en 2023, con 823 casos registrados hasta mediados de 2024.

El foro contó con la presencia de representantes del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, INDIVI, el Registro Público, colegios de abogacía, Coparmex, inmobiliarias, organismos de la sociedad civil y ciudadanos en general, quienes aportaron sus perspectivas para enriquecer la propuesta legislativa.

 

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