A 13 días de la toma de posesión de Donald Trump

Las amenazas de deportaciones masivas de mexicanos bajo el gobierno de Donald Trump están generando preocupación en toda la frontera entre Estados Unidos y México, especialmente en Tijuana, ciudad históricamente conocida por ser uno de los principales puntos de deportación de connacionales. 

Ante esta situación, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que continúan buscando nuevas ubicaciones para albergues en Tijuana que cumplan con los requisitos del gobierno federal.

“Es posible que la nave industrial no cumpla con algún requerimiento que el gobierno federal considera importante por diversas razones, y hemos estado buscando espacios que cumplan con todas las especificaciones necesarias para albergar a nuestros compatriotas”, comentó.

Aunque no proporcionó detalles sobre los posibles cambios en la ubicación de los seis albergues de migrantes mexicanos en Tijuana, el gobierno municipal había anunciado previamente la construcción de un megaalbergue con capacidad para 5,000 personas en el parque industrial Nórdica y/o en cinco unidades deportivas. La mandataria estatal señaló que aún no se han definido los lugares exactos.

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“No ha asumido el gobierno de Donald Trump, pero conocemos sus propuestas de campaña y nos estamos preparando para enfrentar cualquier situación que se presente. Esperamos que para finales de esta semana, o el próximo lunes, durante la mesa de seguridad, podamos concretar los esfuerzos de cada una de las autoridades en materia de seguridad”, señaló.

La gobernadora también aseguró que esperan tener listos los siete albergues para migrantes mexicanos en Baja California —cinco en Tijuana y dos en Mexicali— antes de la toma de posesión de Trump, que será en trece días.

“Nuestra prioridad es estar listos para el 20 de enero”, enfatizó.

Por su parte, Trump y su equipo han reiterado que la primera ola de deportaciones se centrará en los migrantes mexicanos que hayan sido condenados por delitos y estén recluidos en las cárceles de Estados Unidos, incluso si aún no han cumplido su condena. Luego, se enfocarán en aquellos migrantes con órdenes de deportación pendientes.

La gobernadora Ávila añadió que los tres niveles de gobierno están coordinando esfuerzos para recibir a los deportados, pero que se evaluará cada caso en función de las posibles acciones penales pendientes.

“Si hay alguna situación pendiente en México, se hará un análisis específico. Sin embargo, partimos del principio de proteger los derechos humanos de los migrantes y garantizar su regreso a sus estados de origen. Si hay algún tema jurídico por resolver, se atenderá de acuerdo con la ley”, concluyó.