A partir de 2025, quienes utilicen o expidan facturas falsas enfrentan la posibilidad de prisión preventiva, multas económicas, y, si son declarados culpables, penas de prisión de tres a seis años, según lo señalado por el fiscalista Daniel Ruiz de la Peña.

“La reforma al artículo 19 de la Constitución, en su segundo párrafo, regula la prisión preventiva oficiosa. Esto significa que, en casos de compra o venta de facturas apócrifas, la persona irá a la cárcel de manera inmediata mientras se procesa su caso”, explicó el fiscalista.

En una sesión semanal del Grupo Madrugadores, De la Peña detalló que una nueva reforma publicada en diciembre de 2024 establece que cualquier actividad relacionada con la emisión o uso de facturas falsas será sancionada automáticamente con prisión preventiva.

Esta medida también se aplica a las personas o empresas que reciban facturas falsas, incluso si no tenían la intención de cometer un fraude, lo que ha generado preocupación por la posible violación al derecho de presunción de inocencia.

“Si recibes una factura que normalmente no corresponde a tus operaciones, debes poder justificar la transacción. Si no lo haces, te enfrentarás a un proceso penal y podrías pasar tiempo en prisión mientras el juez determine tu culpabilidad o inocencia”, advirtió De la Peña.

El fiscalista también indicó que esta medida tiene un enfoque recaudatorio, buscando obligar tanto a personas físicas como morales a cumplir de manera más estricta con sus obligaciones fiscales.

“Las penas de prisión varían entre tres y nueve años. Si eres procesado por primera vez, la jurisprudencia establece que se debe imponer la multa mínima, a menos que haya justificación para lo contrario. Si te procesan por primera vez y eres culpable, lo más probable es que te impongan una pena de tres años de cárcel”, concluyó el abogado.