Integrantes de la organización Elementa Derechos Humanos encendieron las alarmas sobre la falta de políticas públicas adecuadas para garantizar la salud mental de las personas deportadas, quienes enfrentan un alto riesgo de caer en el consumo de sustancias como el fentanilo. 

 

Adriana Muro Polo, directora ejecutiva de Elementa DDHH, explicó que un estudio reciente identificó que un porcentaje significativo de quienes consumen estas sustancias han sido deportados desde Estados Unidos.

 

 

Muro Polo subrayó que las acciones gubernamentales se limitan a proporcionar espacios para la recepción de migrantes, sin considerar que estas personas regresan de manera forzada, muchas veces sin redes de apoyo ni contacto con familiares. 

 

Esta situación los expone a condiciones de vulnerabilidad que los pueden llevar al consumo problemático de drogas o a ser víctimas de otros riesgos.

 

 

Además del uso de sustancias, Muro advirtió que el crimen organizado está explotando esta situación, aprovechando a personas en situación de calle para reclutarlas, fenómeno que también afecta a quienes viven en un contexto de movilidad. 

 

Estas dinámicas agravan el problema y dejan a los deportados en un círculo de exclusión y peligro constante.

 

La directora de Elementa DDHH hizo un llamado urgente para superar los discursos oficiales y adoptar acciones concretas que promuevan la seguridad e inclusión de las personas deportadas. 

 

 

Destacó que las organizaciones de la sociedad civil que asisten a estas poblaciones se encuentran rebasadas ante la magnitud del problema y la falta de respuesta integral de las autoridades.