La regidora Magaly Ronquillo informó que se encuentra en proceso la elaboración del reglamento en Tijuana para dar seguimiento a la Ley Daryela, que obligará a todos los funcionarios, incluidos los de elección popular, a capacitarse y acreditarse en temas de perspectiva de género, tras el caso de denuncia contra el regidor Miguel Loza, de supuesto abuso sexual contra una mujer.

“Por esos (funcionarios de elección popular) empezaríamos. Tenemos una responsabilidad mayor porque representamos al pueblo tijuanense y somos los primeros en estar obligados a tomar estas capacitaciones y garantizar la igualdad. Está en proceso la elaboración de un reglamento de implementación, y los ayuntamientos formaremos parte de este proceso para llevarlo a cabo en el Ayuntamiento de Tijuana.”

La Ley Daryela, aprobada el 13 de diciembre de 2024, establece que la capacitación será obligatoria para quienes presten sus servicios en el Gobierno del Estado, los Organismos Descentralizados Estatales, el Poder Judicial, la Fiscalía Estatal y los Ayuntamientos.

En caso de no asistir, los funcionarios serán sujetos a una sanción administrativa de hasta un año de inhabilitación para ocupar un cargo público, además de la publicación de sus nombres y cargos si se niegan sin justificación.

Magaly Ronquillo expresó que, con la acreditación y la obligatoriedad de estos cursos, los funcionarios públicos tomen conciencia de la violencia de género y de los riesgos de incurrir en ella por falta de información. Recordó que Baja California ocupa el quinto lugar en el país en violencia doméstica, afectando mayoritariamente a mujeres, niños y niñas.

“Es fundamental que todas las actuaciones de los funcionarios se realicen con esta perspectiva. Desde la Comisión de Perspectiva de Género se ha insistido no solo en la capacitación, sino también en la acreditación, porque lo que estamos buscando es la prevención para que no se repitan este tipo de prácticas.”

La regidora también señaló que las recientes denuncias de violencia contra mujeres, como el caso del regidor ex panista Miguel Loza, señalado por supuesto abuso sexual hacia una excolaboradora de campaña, y el caso del ex diputado morenista Fidel Mogollón, quien enfrenta una investigación por violencia doméstica tras una llamada de auxilio al 911 de su esposa, subrayan la importancia de la Ley Daryela. Ambos políticos decidieron no separarse del cargo mientras se deslindan responsabilidades, ya que no están obligados por la ley a hacerlo. De todos modos, ambos dejaron los partidos a los que pertenecían debido a la presión mediática.

Consultada sobre la posibilidad de realizar reformas que obliguen a los funcionarios acusados de violencia de género a separarse de sus cargos, la regidora Magaly Ronquillo opinó que “se deben revisar a fondo las disposiciones estatales, ya que estamos enfrentando un gran reto con el tema de la violencia contra las mujeres en nuestra ciudad.”

LEY DARYELA SE DA POR EL FEMINICIDIO DARYELA VALDEZ ROCHA

La Ley Daryela, aprobada el 13 de diciembre de 2024, lleva el nombre de Daryela Valdez Rocha, joven de 25 años víctima de feminicidio a manos de su pareja de 72 años, Honorio, el 15 de enero de 2024 en la colonia González Ortega de Mexicali. Daryela había denunciado previamente ante la Fiscalía General del Estado ser víctima de violencia en los meses de junio y julio, pero no hubo un seguimiento efectivo. Fue asesinada con más de 30 puñaladas, y su cuerpo fue encontrado en el techo de los vecinos.

Daryela había terminado su relación con Honorio cuatro meses antes del feminicidio, luego de haber tenido una relación de cinco años. Honorio se encuentra recluido en el penal de Mexicali, y el proceso penal sigue su curso.