En México, los juicios de amparo representan un mecanismo legal fundamental para la protección de derechos humanos, y su observancia es de carácter nacional, independientemente del estado donde se haya promovido. Así lo destacó el juez Alfonso Javier Flores Padilla, titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Tijuana, quien enfatizó que las resoluciones de amparo deben cumplirse sin excepciones, aun cuando las autoridades responsables se encuentren en otra entidad federativa.

 

“Los amparos son de observancia federal. Si un juez en Tapachula o Tabasco emite una sentencia a favor de una persona en contexto de movilidad, esta debe ser acatada en cualquier parte del país, incluyendo Tijuana”, explicó el juez.

 

 

A pesar de la existencia de múltiples resoluciones judiciales en favor de personas migrantes, persisten casos de incumplimiento por parte de las autoridades. 

 

Flores Padilla recordó que no acatar una sentencia de amparo constituye un delito y que los jueces tienen la obligación de velar por su ejecución. “Toda orden emitida por un juez de distrito debe ser estrictamente cumplida y acatada. La autoridad debe obedecer, así sean uno o cinco mil amparos”, puntualizó.

 

El magistrado también subrayó que las personas extranjeras en contexto de movilidad tienen los mismos derechos fundamentales que cualquier ciudadano mexicano. “Si bien pueden estar en el país de forma irregular, tienen acceso a los mismos derechos y pueden recurrir al juicio de amparo para exigir el cumplimiento de estos”, indicó.

 

Uno de los problemas actuales es la falta de emisión y renovación de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, lo que ha generado la pérdida de empleos para migrantes que ya estaban integrados al mercado laboral formal. Flores Padilla señaló que el amparo es una vía efectiva para exigir la entrega de estos documentos.

 

El juez también aclaró que las suspensiones de amparo tienen efectos nacionales. “Si una persona obtuvo una suspensión en otro estado para evitar su deportación, esa protección sigue vigente en cualquier parte de México, incluyendo Tijuana”, precisó.