Con el objetivo de prevenir el acoso escolar y garantizar un entorno educativo basado en el respeto y la inclusión, la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California.

 

La legisladora de Morena destacó que la promoción de una cultura de paz es esencial para el desarrollo humano, el bienestar colectivo y el respeto a los derechos fundamentales. Subrayó que el bullying escolar no solo afecta el desempeño académico, sino que también tiene graves repercusiones en la salud mental de las víctimas, como ansiedad, depresión y, en casos extremos, riesgo de suicidio.

 

Según datos de la Secretaría de Salud Federal, el acoso escolar no detectado a tiempo puede generar trastornos mentales y emocionales que impactan la autoestima y la estabilidad emocional de los menores. Instituciones como los institutos nacionales de psiquiatría y pediatría han identificado que las víctimas de violencia escolar pueden experimentar aislamiento social, sensación de rechazo y baja autoestima, lo que conlleva ausentismo y bajo rendimiento escolar.

 

A nivel estatal, el Instituto de Salud del Estado de México ha señalado que los efectos del bullying no solo afectan la vida académica de los estudiantes, sino también sus relaciones familiares y sociales, generando desmotivación, falta de atención en clase y, en algunos casos, abandono escolar.

 

Ante esta problemática, la iniciativa presentada por la Diputada Murillo propone reformar el artículo 55 de la citada Ley Estatal, con el fin de garantizar que niñas, niños y adolescentes reciban una educación de calidad e inclusiva, fundamentada en la igualdad sustantiva y el respeto a los derechos humanos.

 

La reforma busca fortalecer la formación de los estudiantes en un ambiente seguro, promoviendo el desarrollo integral de su personalidad y el ejercicio pleno de sus libertades. La propuesta se alinea con el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y otras disposiciones aplicables, asegurando que la educación en Baja California se oriente hacia la construcción de una sociedad más justa y pacífica.