El reciente bloqueo de tres días en la carretera al aeropuerto de Tijuana puso en evidencia la necesidad de equilibrar el derecho a la protesta con la responsabilidad de las autoridades para evitar afectaciones a terceros. 

Así lo señaló el contador público certificado Juan Jorge Torres Sánchez, expresidente de la Asociación de Contadores Públicos Colegio Tijuana, quien enfatizó que la respuesta gubernamental fue tardía y generó pérdidas significativas en distintos sectores.

“Es evidente que la autoridad demostró falta de responsabilidad. Los actos legales o ilegales deben ser atendidos inmediatamente porque tienen efectos sobre terceros ajenos a la problemática”, explicó Torres Sánchez. 

 

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Durante el bloqueo, se reportaron complicaciones en la movilidad de pasajeros y afectaciones en empresas de comercio exterior y transporte de mercancías, lo que evidenció la importancia de una actuación gubernamental más ágil.

El derecho a la manifestación está consagrado en la Constitución y es una herramienta legítima para exigir respuestas. Sin embargo, el contador subrayó que este derecho tiene límites cuando interfiere con los derechos de otros ciudadanos. 

“Hacer presencia para presionar puede ser legal, pero debe haber un punto de equilibrio. La autoridad tiene la responsabilidad de actuar con inmediatez para garantizar que la protesta no perjudique a terceros”, añadió.

 

 

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