En una decisión unánime, el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Fomento a la Producción Artesanal de Baja California, con el objetivo de fortalecer el trabajo artesanal dentro de los Centros de Reinserción Social. La iniciativa, presentada por la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, busca promover la independencia económica de las personas privadas de la libertad y facilitar su reincorporación a la sociedad.

La Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, encargada de revisar la propuesta, dictaminó favorablemente el proyecto, destacando la importancia de la comercialización de artesanías como una herramienta para generar ingresos tanto para los internos como para sus familias. Este incentivo económico, además, fomenta la participación en programas de rehabilitación y capacitación dentro de los centros penitenciarios.

Entre las modificaciones aprobadas, destaca la reforma al artículo 3, fracción II, de la ley vigente, redefiniendo a los artesanos y artesanas como creadores que, con sensibilidad y creatividad, desarrollan sus habilidades para elaborar productos de manera manual o con el apoyo de herramientas mecánicas. Además, se incorporó un nuevo Capítulo VIII titulado "De las Artesanías Producidas en los Centros de Reinserción Social" y se adicionó el artículo 26, que obliga a las autoridades a fomentar, promover y comercializar estos productos dentro del marco de la ley.

Un precedente clave para esta reforma ha sido la labor de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, que anteriormente trabajó en la creación de una marca registrada para los productos artesanales elaborados en los centros de reclusión. Este esfuerzo institucional refleja el compromiso de Baja California con la inclusión social y el desarrollo económico de las personas en situación de reclusión.

Con esta reforma, se espera consolidar un modelo de reinserción que no solo brinde oportunidades laborales dentro de los centros penitenciarios, sino que también fortalezca el tejido social y económico de la región. Las acciones implementadas estarán alineadas con las determinaciones de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, asegurando así su viabilidad y continuidad en el tiempo.