El Congreso del Estado aprobó instruir a la Auditoría Superior del Estado para que rinda un informe específico de la auditoría practicada a los contratos firmados por la empresa ROMAFAM, identificada también como FISAMEX, misma que prestó servicios profesionales a los organismos operadores de agua del Estado durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021.

 

El informe de la Auditoría deberá ser entregado a la Junta de Coordinación Política del Congreso a más tardar el 15 de febrero del 2023. El Congreso busca contar con información detallada de los contratos por Fisamex, para tomar los acuerdos y decisiones que puedan derivarse de los datos que resulten obtenidos del informe solicitado.

 

El acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política que preside la diputada María del Rocío Adame Muñoz, fue aprobado en sesión plenaria del Congreso con 20 votos a favor y dos en contra, estos últimos de los diputados Marco Antonio Blásquez Salinas y Sergio Moctezuma Martínez López.

 

La Junta de Coordinación Política tomó en cuenta dos proposiciones de punto de acuerdo sobre el tema de Fisamex promovidos previamente en junio y octubre de este año por los diputados Juan Diego Echavarría Ibarra y Daylín García Ruvalcaba, con peticiones agregadas en los primeros días de noviembre.

 

Como antecedentes generales se recordó que durante el ejercicio fiscal 2020, la administración del entonces Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, contrató los servicios profesionales de la persona moral particular ROMAFAM, S.A. de C.V. (conocida como FISAMEX), con el objetivo de que dicha empresa privada, realizara la revisión de consumos de agua a usuarios comerciales a fin de dictaminar posibles volúmenes irregulares, determinando así, adeudos en el servicio de agua potable y derechos de conexión a la red de drenaje sanitario.  

 

Desde el inicio de dichos contratos, y hasta su culminación en agosto de 2021, según cifras del propio Ejecutivo Estatal, el gobierno ingresó 1,812 millones de pesos por pagos hechos por las empresas dictaminadas, de acuerdo con un reporte oficial publicado el 29 de septiembre de 2021. Ese recurso se obtuvo principalmente, como resultado de las auditorías realizadas por FISAMEX a 3,428 empresas, comercios o industrias asentadas en los diversos municipios del Estado, que arrojaron adeudos por agua no contabilizada en años anteriores y derechos omitidos en un monto superior a los 6 mil millones de pesos. 

 

Empero, por estos cobros, varias de las empresas o negociaciones auditadas presentaron tanto demandas ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, como denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, y amparos ante los Tribunales Federales en contra del gobierno estatal y de la empresa privada FISAMEX y sus directivos o empleados. 

 

En los diversos contratos celebrados entre FISAMEX y los organismos operadores de agua en el Estado, se dispone que como contraprestación se pagaría a dicha empresa por sus servicios, el 20% del recurso recaudado mediante las mencionadas auditorías, estimándose que dicha empresa, obtuvo como comisión por su labor, una cantidad cercana a los 320 millones de pesos, en tan solo quince meses. 

 

Si bien se coincide en la premisa de que todo aquel que debe agua, debe pagarla, también es necesario garantizar que ello se realice de manera legal y justa; todos los procedimientos que tengan por objeto el cobro de derecho omitidos en la materia, deben realizarse dentro del marco jurídico para no generar a las finanzas estatales, un problema mayor al que se pretende solucionar, dando además seguridad jurídica al gobernado de la legitimidad de las actuaciones de las autoridades.