El monumento conocido como “Cocinero Chino” no fue debidamente planeado desde su origen, lo que ha derivado en múltiples contratiempos y un nuevo retraso en su conclusión, así lo informó Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) de Baja California.

 

Según detalló el funcionario, la obra artística, cuya culminación estaba prevista para este año, será entregada hasta diciembre de 2025. Espinoza Jaramillo señaló que las contingencias surgidas durante el desarrollo del proyecto pudieron haberse evitado si se hubiera contado con una mejor planificación por parte del artista encargado.

 

 

“Desde el inicio no se consideró con claridad la complejidad que implicaba darle forma a la estructura. El escultor debió haber previsto esto desde la presentación del monumento”, declaró el secretario, al referirse a los errores de cálculo que han afectado tanto los tiempos de ejecución como los costos estimados.

 

En ese sentido, explicó que los contratos de obra pública contemplan un concepto denominado “actualización de precios”, el cual permite solicitar ajustes en los costos dentro de los primeros tres meses de haber iniciado el proyecto, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. No obstante, aclaró que la SIDURT no participó en la elaboración del contrato con el artista, deslindando a la dependencia de responsabilidades directas en la contratación.

 

 

Espinoza Jaramillo también aclaró que el Gobierno del Estado únicamente colaboró en la construcción de los cimientos del monumento. La obra fue financiada a través de un convenio con diversas empresas privadas, por lo que, aseguró, no representó un gasto directo para el Ejecutivo estatal.

 

El monumento “Cocinero Chino” ha generado expectativas entre la ciudadanía como parte de los esfuerzos por reconocer la herencia cultural asiática en Baja California. Sin embargo, los retrasos en su ejecución han sido objeto de críticas y señalamientos por parte de diversos sectores, quienes exigen mayor transparencia en el desarrollo de obras públicas con impacto cultural.