Ante el creciente uso de herramientas tecnológicas por parte del crimen organizado, el diputado Ramón Vázquez Valadez propuso una reforma al Código Penal de Baja California para castigar con prisión y multas el uso delictivo de drones, cámaras de videovigilancia, antenas y dispositivos GPS.

 

La iniciativa, presentada ante el Congreso local, busca adicionar al artículo 319 del Código Penal estatal nuevas disposiciones que consideren como delitos contra la seguridad pública el uso de estos sistemas cuando se empleen con fines ilícitos. Vázquez Valadez destacó que estas tecnologías, originalmente diseñadas para la seguridad y el desarrollo, han sido adoptadas por grupos criminales como herramientas para operar de forma más eficaz, silenciosa y estratégica.

 

De acuerdo con la propuesta, quienes utilicen estos dispositivos para facilitar o cometer delitos podrían enfrentar de uno a seis años de prisión y entre cien y 300 días de multa, castigos que ya contempla el actual artículo 319 para quienes usen indebidamente uniformes, insignias o equipo exclusivo de instituciones de seguridad.

 

Además, la iniciativa plantea un agravante para funcionarios públicos. Si la persona que comete este tipo de delitos es o fue integrante de alguna corporación de seguridad, y lo hace dentro del año siguiente a dejar su cargo, la pena podría incrementarse hasta en una tercera parte.

 

“El crimen organizado ha evolucionado, integrando tecnología de punta para reforzar sus operaciones y extender su influencia territorial. Esta reforma pretende cerrar el paso a quienes se aprovechan de estos recursos para delinquir, debilitando así la capacidad operativa de las autoridades”, afirmó el legislador.

 

Con esta propuesta, el Congreso de Baja California podría sentar un precedente legal frente al uso indebido de herramientas tecnológicas en el ámbito delictivo, enviando un mensaje claro sobre la urgencia de fortalecer la legislación frente a las nuevas formas del crimen.