Ante el alarmante incremento en el robo de catalizadores automotrices, el diputado Juan Manuel Molina García presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California que propone endurecer las sanciones para quienes cometan este delito o manejen sus residuos de forma irregular.

 

El legislador subrayó que este tipo de robo no solo representa un daño económico para los propietarios de vehículos, sino que también agrava la crisis ambiental. La ausencia de catalizadores —dispositivos encargados de reducir las emisiones contaminantes— provoca un aumento en la liberación de gases nocivos, deteriorando la calidad del aire y generando contaminación auditiva.

 

“Es una problemática que va más allá del hurto; tiene consecuencias directas en la salud pública y en el medio ambiente”, afirmó Molina García.

 

Los catalizadores contienen metales preciosos como platino, paladio y rodio, cuyo alto valor en el mercado ha incentivado su comercio ilegal y, en consecuencia, el aumento de robos. Frente a este panorama, la iniciativa plantea castigos que van de uno a tres años de prisión, así como multas que oscilan entre 50 y 1,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para quienes participen en la sustracción o disposición no autorizada de estos dispositivos.

 

La propuesta también contempla la inclusión de un nuevo artículo en el Código Penal estatal que permita regular de manera más eficaz la gestión y comercialización de estos residuos, reforzando los controles ambientales.

 

Molina García concluyó que el objetivo central de esta reforma es proteger tanto el entorno natural como la seguridad de la ciudadanía, castigando con mayor rigor a quienes lucran con el robo de estos componentes y fomentando prácticas responsables en el manejo de residuos automotrices.