Regidores del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron este martes la implementación de medidas cautelares contra funcionarios del Bienestar Social Municipal (BISOM), luego de que saliera a la luz un presunto fraude cometido a través de transferencias irregulares por parte de un empleado del área.

 

En rueda de prensa, los regidores Sandra Cota Montes, Manuel Rudecindo García Fonseca y Gustavo Magallanes Cortez denunciaron inconsistencias en los montos reportados por la Sindicatura Municipal en comparación con la información que ellos han recibido de manera preliminar.

 

 

De acuerdo con lo señalado, el Síndico Procurador, Oscar Vega Marín, informó que un trabajador de BISOM realizó cuatro transferencias bancarias por un total de 390 mil pesos, sin embargo, en la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Baja California, se detalla que el monto total fue de 275 mil pesos.

 

"Hay una discrepancia evidente. Estamos hablando de más de 100 mil pesos de diferencia entre lo que dice la Sindicatura y lo que aparece en la denuncia. Eso levanta muchas dudas", expresó el regidor García Fonseca.

 

Además, los ediles panistas cuestionaron que la denuncia haya sido presentada por el delito de fraude, cuando, a su juicio, los hechos se ajustan más a peculado y ejercicio ilícito del servicio público, delitos que implican un mayor grado de responsabilidad al tratarse de recursos públicos.

 

“¿A quién quieren engañar? Una cosa es decir que me engañaron y transferí mal una cuenta, y otra muy distinta es que el administrador de BISOM haya cometido el mismo error tres o cuatro veces. Por eso digo que algo no huele bien, que algo está podrido en BISOM”, enfatizó el regidor Gustavo Magallanes Cortez.

 

 

Los regidores informaron que presentaron una solicitud formal ante la Sindicatura para que se apliquen medidas cautelares en contra de los presuntos involucrados, incluyendo al director del BISOM, José Ramón López Hernández, así como a otros dos trabajadores administrativos.

 

Aclararon que la medida no implica la destitución inmediata de los servidores públicos, sino una acción preventiva mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

 

 

"Lo que buscamos es transparencia, legalidad y que se castigue a quien tenga responsabilidad, sea quien sea. No podemos permitir que se juegue con el dinero del pueblo", puntualizó Sandra Cota Montes.

 

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Mexicali no ha emitido una postura oficial respecto a las exigencias de los regidores panistas.