Con la intención de visibilizar y combatir una forma de agresión aún poco comprendida pero con profundas secuelas, colectivos de defensa de derechos de las mujeres propusieron ante el Congreso del Estado declarar el 11 de mayo como Día Estatal de la Lucha Contra la Violencia Vicaria.

 

María Fernanda Olguín, vocera del Colectivo Desertika, informó que la iniciativa fue elaborada en conjunto con el colectivo CESODI de la ciudad de Tijuana, y entregada formalmente a legisladores locales. El objetivo, explicó, es generar conciencia social y promover acciones institucionales contra esta forma de violencia que afecta principalmente a madres en procesos judiciales tras separaciones o divorcios.

 

 

“Esto, a razón que viene el 10 de mayo, y sabemos que muchas madres no pasarán este 10 de mayo como desean, con sus hijos. ¿Por qué? Porque llevan una vida judicializada, que después de la separación o divorcio siguen con problemas de violencia”, declaró Olguín, aludiendo a la carga emocional y legal que enfrentan muchas mujeres durante esta fecha emblemática.

 

La violencia vicaria ha sido definida como una modalidad de violencia de género ejercida por un progenitor, comúnmente el padre, que utiliza a los hijos e hijas como herramientas para causar daño a la madre. Este tipo de violencia puede incluir la manipulación, el impedimento de la convivencia materno-filial e incluso, en casos extremos, la privación de la vida de los menores o personas cercanas a la víctima.

 

Olguín destacó que Baja California mantiene altos índices de violencia familiar, siendo Mexicali una de las ciudades con mayor número de denuncias. Además, señaló que aunque algunas víctimas logran recuperar el vínculo con sus hijos, muchas quedan con secuelas psicológicas irreversibles. “Faltan más cosas que atender, falta aceptar lo de la reparación de daño. Tenemos niños que ya se han recuperado, que tienen secuelas psicológicas de vinculación con mamá y familia, que serán de por vida”, subrayó la activista.

 

 

Finalmente, enfatizó la necesidad de mayor difusión por parte de las autoridades sobre qué es la violencia vicaria, cómo identificarla y qué rutas legales existen para proteger a las víctimas. "No basta con que las mujeres lo nombren, necesitamos que el Estado lo reconozca, lo sancione y lo prevenga”, concluyó.