Con el respaldo de empresarios, activistas y colectivos ciudadanos, el Centro de Estudios Sociales para el Desarrollo de la Infancia (CESODI) presentó una propuesta formal al Tribunal Superior de Justicia de Baja California para implementar un modelo integral de salas especializadas en testimonial infantil, con el objetivo de garantizar el debido proceso y evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes inmersos en juicios relacionados con violencia.

 

 

Durante el evento, Estefanía Plasencia, representante de CESODI, alertó sobre la preocupante realidad que enfrentan los menores en los juzgados. “Caminamos junto a quienes más lo necesitan, y en ese camino detectamos que los juzgados carecen de una verdadera perspectiva de infancia. Se están violentando los derechos de los menores en el debido proceso judicial”, afirmó.

 

 

Según cifras extraídas del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en Baja California hay más de 271 mil niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales relacionados con diferentes tipos de violencia, desde el ámbito familiar hasta lo penal. En todo el estado, CESODI ha registrado más de 940 mil casos en los que menores son parte directa o indirecta de procedimientos legales.

 

 

La propuesta contempla espacios seguros, adaptados con mobiliario adecuado, personal capacitado, tecnología audiovisual y un entorno sensible a las emociones de los menores. “Estas salas ya existen en siete estados del país y están avaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, implementadas a través de CODI y con el respaldo de UNICEF. No es una ocurrencia, es una necesidad urgente”, añadió Plasencia.

 

Alejandro Serrano, presidente de Empresarios Unidos por Tijuana, expresó su compromiso con la causa: “Cuando vimos las cifras que nos presentó CESODI, no quisimos ser espectadores. Queremos ser aliados. Convocamos a la sociedad civil y al sector empresarial a sumarse a este proyecto. La niñez no puede seguir siendo ignorada en los tribunales.”

 

 

El modelo de salas especializadas fue entregado formalmente al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado el pasado 30 de abril, y las organizaciones firmantes confían en que Baja California se sume pronto a esta red de justicia sensible e incluyente.