Con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en procesos judiciales, el Congreso del Estado de Baja California aprobó por unanimidad una iniciativa que será enviada al Congreso de la Unión para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

La propuesta, presentada originalmente en marzo por la diputada Araceli Geraldo Núñez, busca modificar los artículos 109, 277 y 307 del citado código, para garantizar que los menores de edad que participan como víctimas o testigos no sean revictimizados durante los procedimientos legales.

 

El dictamen correspondiente número 34 fue elaborado por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Manuel Molina García, y fue aprobado con 20 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, durante la más reciente sesión ordinaria del Congreso local.

 

En su exposición de motivos, la legisladora subrayó que la reforma se sustenta en el principio constitucional del interés superior de la niñez, el cual obliga a priorizar el bienestar de los menores en todas las decisiones que les afecten. Geraldo Núñez advirtió que actualmente los procedimientos judiciales pueden exponer a los menores a situaciones que los colocan en condiciones de vulnerabilidad, especialmente cuando deben enfrentarse cara a cara con presuntos agresores o testigos durante los juicios.

 

“La protección integral de los derechos de la infancia no puede ser una opción, debe ser una obligación legal”, puntualizó la diputada, quien recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios claros sobre el deber de los jueces de evitar cualquier forma de revictimización de menores durante los procesos penales.

 

La iniciativa se enmarca dentro de las facultades constitucionales de los congresos locales para presentar propuestas de reforma ante el Congreso de la Unión. Ahora será responsabilidad del Poder Legislativo federal analizar y, en su caso, aprobar los cambios planteados para asegurar un entorno más seguro y respetuoso para los menores en el ámbito judicial.