La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California calificó como "vergonzosa" la reciente declaración del diputado local Danny Fidel Mogollón Pérez, quien en pleno del Congreso del Estado afirmó conocer a personas involucradas en actividades de narcotráfico y trata de personas.

 

Álvaro Aldrete Gruel, presidente estatal del PRI, criticó enérgicamente al legislador por sus dichos y sostuvo que el simple hecho de tener conocimiento de personas vinculadas con el crimen organizado sin denunciarlo constituye una falta grave, e incluso podría configurarse como un delito.

 

“Es una situación vergonzosa. Un legislador no puede hacer este tipo de afirmaciones tan graves y simplemente no actuar. Es obligación de los funcionarios públicos denunciar cualquier ilícito del que tengan conocimiento”, expresó Aldrete Gruel.

 

 

Por su parte, Joel Blas Ramos, representante jurídico del PRI en Baja California, recalcó que la responsabilidad de un funcionario público es aún mayor que la de cualquier ciudadano, ya que cuenta con los medios y canales adecuados para realizar una denuncia formal.

 

“Cualquier ciudadano está obligado, al momento de tener en su conocimiento acciones ilícitas, a denunciarlas ante las autoridades. Pero un diputado está doblemente obligado, pues no solo tiene el deber moral, sino también acceso inmediato a las instancias correspondientes”, puntualizó Blas Ramos.

 

El representante legal del partido también hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la República (FGR) para que actúe conforme a derecho y cite a declarar al diputado Mogollón Pérez, con el fin de que revele los nombres de las personas que, según dijo, conoce y que están vinculadas con actividades criminales.

 

Hasta el momento, el legislador no emitido un posicionamiento oficial respecto a la polémica declaración, misma que ha generado una ola de críticas desde distintos sectores políticos y sociales. En redes sociales, usuarios también han exigido que se investigue a fondo la veracidad de sus palabras y se determine si incurrió en encubrimiento o complicidad.

 

La declaración de Mogollón Pérez no solo ha causado indignación, sino que ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los servidores públicos en la lucha contra la delincuencia organizada, particularmente en una entidad que ha enfrentado serios problemas de violencia y criminalidad.