En cumplimiento a diversas sentencias del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC), el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) resolvió en su 29ª Sesión Extraordinaria un conjunto de consultas presentadas por la ciudadana Ma. Teresita Díaz Estrada, dirigidas a fortalecer la participación política y los derechos de la comunidad LGBTTTIQA+ en la entidad.

La primera de las solicitudes planteadas por la ciudadana consistió en la implementación de una acción afirmativa específica para prevenir, atender y sancionar la violencia política motivada por orientación sexual, identidad y expresión de género. En respuesta, el IEEBC explicó que durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 se emitieron lineamientos que contemplan acciones afirmativas en favor de grupos de atención prioritaria, entre ellos las personas de la diversidad sexual, bajo los principios de paridad de género, igualdad sustantiva y no discriminación.

 

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Otra de las consultas destacadas fue la solicitud de establecer, a partir de 2025, la obligación de generar cartas estenográficas detalladas de todas las reuniones de trabajo —públicas o privadas— con personas representantes del grupo prioritario LGBTTTIQA+. Al respecto, el Instituto aclaró que legalmente no puede establecerse esta medida como acción afirmativa, ya que la participación activa de las personas en dichos espacios ya está garantizada mediante su asistencia y el uso de la voz.

 

En una tercera petición, se requirió el acceso a todos los videos generados durante reuniones entre el Instituto y representaciones de la comunidad LGBTTTIQA+ entre los años 2020 y 2024. El Consejo respondió que, en apego al principio de máxima publicidad que rige la función electoral, esta información puede consultarse a través del portal institucional, en el apartado de “sesiones históricas”, donde se puede seleccionar el año y fecha de interés.

Las solicitudes presentadas por Díaz Estrada forman parte de un esfuerzo ciudadano por fortalecer el acceso a la justicia electoral, visibilizar las demandas de grupos históricamente vulnerados y exigir acciones concretas que garanticen su participación plena en la vida pública del estado.

 

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