La elección judicial celebrada este domingo, en la que se votó por jueces, magistrados y ministros tanto a nivel federal como estatal, fue calificada como caótica, confusa y carente de respaldo popular, señaló Octavio Sandoval López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali.

 

De acuerdo con Sandoval López, la participación ciudadana apenas alcanzó el 13%, de la cual un 8% provino del sector gubernamental y el restante 5% correspondió a ciudadanos que, lejos de apoyar el proceso, manifestaron su inconformidad escribiendo frases en contra del gobierno en las boletas electorales.

 

“El proceso se vio viciado y lleno de limitaciones respecto a lo que debería ser una elección del Poder Judicial. Es decir, fue una elección atípica, hecha a modo, porque los votos ni siquiera fueron contados por los ciudadanos. Y no los iban a poder contar, porque es impráctico”, afirmó el líder empresarial durante una declaración a medios.

 

Sandoval López cuestionó fuertemente la legitimidad de este ejercicio democrático, al señalar que no generó confianza entre la población, principalmente por el desconocimiento generalizado sobre quiénes eran los candidatos postulados. "Proviene de un proceso que carece de credibilidad y de soporte social", subrayó.

 

 

Asimismo, criticó la narrativa oficial que promovía la jornada electoral como un hecho histórico. “Claro que fue un hecho histórico, pero hay historias que son tragedias y hay otras que son éxitos. Esta, lamentablemente, parece más lo primero”, sentenció.

 

El presidente del CCE en Mexicali también señaló que la reforma al Poder Judicial que dio pie a esta votación “está viciada de origen”, ya que no surgió de la agenda de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sino del exmandatario federal Andrés Manuel López Obrador. A su juicio, esto resta legitimidad al proceso y refuerza la percepción de que se trató de una imposición más que de un ejercicio democrático real.

 

La elección judicial ha generado una oleada de críticas no solo en Baja California, sino en distintos sectores a nivel nacional, debido a su opacidad, falta de información, y limitada participación ciudadana.