La participación de menores de edad y jóvenes en delitos de alto impacto ha mostrado un incremento preocupante en Baja California, reconocieron autoridades estatales durante las mesas de seguridad.

 

La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que se ha detectado un aumento en la integración de jóvenes en células delictivas. “En las mesas de seguridad sí hemos observado el incremento de la participación de jóvenes en estas células, lo que lamentamos mucho”, expresó la mandataria estatal, quien calificó la situación como alarmante.

 

 

Por su parte, la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez, detalló que la problemática no solo se limita a la presencia de menores en actividades delictivas, sino que algunos han sido vinculados directamente con crímenes de extrema violencia.

 

Uno de los casos más representativos es el de Kevin Alexis “N”, alias "El Calaco", un joven de 18 años señalado como líder de una célula criminal integrada principalmente por menores de edad, operando en la colonia Sánchez Taboada, en Tijuana. De acuerdo con la Fiscalía, el joven cuenta con seis investigaciones formales por su presunta participación en seis homicidios.

 

Además, el grupo encabezado por “El Calaco” estaría vinculado con la violación e intento de feminicidio de una joven, un ataque que fue grabado por los propios agresores. En este caso, cinco menores de edad fueron detenidos, todos relacionados con hechos violentos y el ataque sexual anteriormente mencionado.

 

 

“Se trata de eventos de muy alto impacto que involucran a menores, lo cual representa un fenómeno que debe ser atendido de forma integral”, puntualizó la fiscal Andrade Ramírez.

 

Las autoridades no solo han expresado su preocupación por el nivel de violencia en que se ven implicados adolescentes y jóvenes, sino también por las estructuras criminales que los están reclutando cada vez a edades más tempranas.

 

La situación ha encendido alertas dentro del aparato de seguridad estatal y refuerza la necesidad de implementar políticas públicas que combinen la prevención del delito con estrategias de inclusión social para las juventudes vulnerables.