Como parte de una estrategia conjunta contra el crimen organizado, autoridades federales y estatales han retirado 629 cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal en distintas zonas de Ensenada y Playas de Rosarito, en Baja California. Las acciones se realizaron entre marzo y junio, durante operativos de patrullaje y vigilancia.

 

 

Los dispositivos estaban colocados en postes de luz y telefonía, sin autorización, y eran utilizados presuntamente por grupos delictivos para monitorear movimientos de cuerpos de seguridad. En Ensenada se desactivaron 600 cámaras, mientras que en Rosarito se localizaron otras 29, todas con conexión clandestina.

 

 

La Secretaría de Marina, a través de la Segunda Zona Naval, encabezó estos operativos en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Municipal y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Según las autoridades, desmantelar esta infraestructura reduce la capacidad operativa de las células delictivas en actividades como el tráfico de drogas.

 

 

Las dependencias involucradas reiteraron que este tipo de acciones busca frenar la expansión de redes criminales, mejorar las condiciones de seguridad y proteger a las comunidades. La eliminación de estos sistemas clandestinos también forma parte de un esfuerzo mayor para recuperar espacios públicos y restablecer el orden en zonas con presencia delictiva.

 

 

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