Una nueva propuesta legislativa en Baja California Sur busca sancionar con penas de prisión, trabajo comunitario o multas económicas a quienes emitan discursos de odio. La iniciativa fue presentada recientemente ante el Congreso del Estado, con el objetivo de reformar el Código Penal local y así establecer límites claros a expresiones que inciten a la intolerancia o violencia por motivos de raza, religión, género u orientación sexual.

 

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El documento plantea añadir un nuevo artículo, que defina el discurso de odio como cualquier manifestación que promueva la hostilidad, ya sea mediante palabras, símbolos, gestos o contenidos difundidos por medios impresos, digitales o redes sociales. Las sanciones propuestas incluyen hasta cuatro años de cárcel y multas que, calculadas con base en el salario mínimo, podrían alcanzar los 83 mil pesos. Estas medidas podrían aplicarse de manera conjunta o por separado, según el fallo del juez.

 

De acuerdo a información retomada del medio El Sudcaliforniano, la iniciativa fue impulsada por dos ciudadanos, Ángel Fabián Gaxiola Infante y José Raúl Pérez Aguilar, y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso, presidida por el diputado Eduardo Van Wormer Castro. La propuesta también se apoya en resoluciones de organismos internacionales como la ONU y en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando que estos discursos vulneran la dignidad humana y fomentan entornos sociales peligrosamente hostiles.

 

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Además de penalizar estas conductas, la propuesta busca modificar la estructura del Título Séptimo del Código Penal estatal para incluir un capítulo específico sobre discriminación y discursos de odio. Con ello, se pretende establecer un marco legal que priorice la convivencia respetuosa y proteja a los grupos históricamente marginados, como pueblos originarios, personas afromexicanas y la comunidad LGBTQ+.

 

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