La violencia dentro del hogar sigue siendo una realidad oculta para miles de familias en Baja California. Un estudio reciente realizado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública reveló que el 33.5% de los encuestados ha experimentado algún tipo de violencia en casa, es decir, más de una de cada tres personas.

 

La información fue presentada por Roberto Quijano, presidente del organismo, quien calificó los resultados como “datos alarmantes que no pueden seguir ignorándose”.

 

 

“Imagínense nada más: uno de cada tres de los entrevistados sufre algún tipo de esta violencia. Es una cifra que debería encender todas las alarmas institucionales y sociales”, expresó Quijano durante la presentación del estudio.

 

 

Entre los tipos de violencia reportada destacan:

• 23%: Control sobre llamadas o relaciones con familiares y amigos.

• 20%: Insultos, humillaciones o menosprecio a un familiar.

• 10.8%: Disposición del dinero por parte de un miembro sin consentimiento.

• 8%: Violencia física.

• 3.6%: Relaciones sexuales sin consentimiento.

 

 

Los datos provienen de 1,768 entrevistas aplicadas en distintas zonas de Baja California, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error inferior al 5%, lo que garantiza su representatividad y solidez estadística.

 

 

 

“El hecho de que una de cada tres personas sufra maltrato en su espacio más íntimo, que es el hogar, nos habla de una normalización de la violencia, especialmente contra las mujeres y niñas, pero también de un sistema familiar fracturado por la desigualdad, el machismo y la falta de atención institucional”, agregó Quijano.

 

 

Este panorama se vuelve aún más preocupante si se toma en cuenta que muchas de las víctimas no denuncian por miedo, vergüenza o dependencia económica, lo que significa que la cifra real podría ser aún mayor.

 

 

El Consejo Ciudadano hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como a la sociedad civil, a redoblar esfuerzos para atender y prevenir la violencia familiar mediante programas integrales de protección, educación emocional y acceso real a la justicia.