El representante jurídico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Joel Abraham Blas Ramos, denunció públicamente una serie de irregularidades en el proceso administrativo contra el exregidor José Ramón López Hernández, acusado de presunto peculado, derivado de un esquema de desvío de recursos mediante apoyos sociales dirigidos a sus propios asesores y familiares de estos.

Blas Ramos detalló que la denuncia formal se presentó desde junio de 2022, documentada con más de 300 fojas, en las que se acreditan pagos indebidos a asesores cercanos al exregidor, quienes supuestamente ganaban 4 mil pesos mensuales, pero en realidad recibían entre 40 y 45 mil pesos. 

Aunado a ello, se identificaron transferencias de recursos a familiares directos, como padres, hermanos e incluso la suegra de los asesores, lo cual encendió las alertas por posible retorno de dinero hacia el propio funcionario, una práctica que podría configurar el delito de peculado.

Aunque la Sindicatura Municipal anterior turnó el caso al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) para una sanción mayor, el representante del PRI denunció que el proceso se ha visto afectado por negligencia de la actual administración, particularmente por la falta de comparecencia de los testigos durante una reciente audiencia. “Cuando se le preguntó a la encargada de la sindicatura por qué no comparecieron los testigos, simplemente respondió que no contestaron las llamadas. Esto llevó a que la magistrada declarara desierta la Provanza”, explicó Blas Ramos.

Además, criticó duramente al actual síndico procurador, quien; según dijo, reconoció públicamente “no saber cómo funciona el TEJA”, lo que, a juicio del PRI, demuestra desconocimiento del procedimiento y omisión deliberada para dar seguimiento a un caso de alta relevancia.

Ante este panorama, el PRI anunció que interpondrá una denuncia penal contra la actual funcionaria de la sindicatura y contra el síndico procurador, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y obstrucción de la justicia.

“Lo que vemos es un caso grave de complicidad o de desinterés institucional en un asunto que implica el desvío de recursos públicos”, puntualizó Blas Ramos.