La mañana de este viernes, personas afectadas por un presunto fraude millonario relacionado con la plataforma de inversión en criptomonedas TeraBlock se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado de Baja California. Los denunciantes acusan a Javier “N” y a un grupo de colaboradores de defraudar a cientos de inversionistas en México y Estados Unidos, con un daño estimado superior a los 360 millones de dólares.

 

 

Durante la protesta, los afectados narraron cómo, atraídos por supuestos rendimientos de entre el 7% y 15% mensuales en la criptomoneda USDC, invirtieron sus ahorros e incluso recurrieron a créditos. Sin embargo, en agosto de 2021 la plataforma dejó de operar bajo el pretexto de una “migración tecnológica” que nunca se concretó. Desde entonces, los fundadores se habrían ocultado.

 

 

Entre los nombres mencionados como presuntos responsables figuran Javier Elenes, el cual señalan está prófugo en Estados Unidos, Eglen Lamas, Héctor Torres, Mónica García, María de Lourdes Molina, José Chinchilla, Bertha Neri, Juan Diego Vargas y Eduardo Fonseca, este último señalado por encubrir a Elenes en California.

 

 

Fátima, una de las afectadas, exigió la intervención de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y de las autoridades judiciales para garantizar “una justicia pronta y expedita”. También pidió que se agilicen las investigaciones y se repare el daño a las víctimas.

 

Martha, otra de las denunciantes, aseguró que la exjueza María de Lourdes Molina firmó contratos de compraventa para garantizar la devolución de capital, compromisos que nunca se cumplieron. Carlos Vázquez y Walter, igualmente afectados, coincidieron en que los responsables “ya sabían que la plataforma estaba fallando” y que la fachada de lujo sirvió para atraer más inversionistas.

 

Las víctimas provienen de diversos estados de la República, como Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Jalisco y Ciudad de México, así como de California, EE.UU. El fraude, aseguran los afectados, ha dejado a familias en bancarrota, con casos de pérdida de viviendas, quiebra de negocios y tragedias personales derivadas de la desesperación económica.

 

 

El movimiento de afectados anunció que entregará un oficio formal a la gobernadora junto con las 15 denuncias ya presentadas, subrayando que aún existen más casos por documentar.

 

El encargado de despacho de la Fiscalía Regional de Tijuana, Miguel Ángel Guerrero, quien atendió junto con más personal de la fiscalía a los denunciantes, confirmó la detención en La Paz de Mónica Gabriela García, presunta implicada en la captación de inversionistas. La detenida será trasladada a Tijuana para enfrentar un proceso penal por fraude.

 

 

Guerrero aseguró que ya existe comunicación con autoridades estadounidenses para la localización y detención de los prófugos, y advirtió que, de ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de entre 4 y 9 años de prisión.