En Baja California, se señalan irregularidades en el manejo de programas sociales, donde funcionarios públicos estarían desviando recursos para favorecer intereses políticos personales. Jorge Salazar, subsecretario de Desarrollo Social e hijo de la diputada local Gloria Miramontes, es acusado de entregar apoyos a líderes de la delegación Sánchez Taboada a cambio de promoción como posible candidato de Morena para la diputación local.

 

Asimismo, Nezahualcóyotl Jáuregui, titular de la misma dependencia, es señalado por replicar estas prácticas en Mexicali, donde buscaría obtener la candidatura para la alcaldía con el respaldo de la gobernadora del estado. A pesar de que se tienen reportes sobre estas irregularidades, la autoridad estatal permanece al margen, lo que genera cuestionamientos sobre la falta de acción frente a estas acusaciones.

 

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La denuncia apunta a que los recursos destinados a comunidades con menos recursos no están llegando a quienes verdaderamente los necesitan, sino que se utilizan como “moneda de cambio” para obtener apoyo político. Este uso indebido representa, según los denunciantes, un abuso de poder y una falta de ética por parte de los funcionarios responsables de la distribución.

 

Además, se acusa que estos funcionarios operaron de manera descarada durante el proceso interno de Morena para la selección de candidatos, favoreciendo al coordinador del Senado, Adán Augusto López, y boicoteando eventos de la presidenta de la República en Baja California. Estos actos han generado molestia y rechazo dentro de diversos sectores políticos y sociales de la entidad.

 

 

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