En una sesión marcada por fuertes cuestionamientos y cifras que generaron debate, la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, compareció ante el Congreso del Estado para presentar el estado que guarda la dependencia durante la presente administración.

 

Durante una extensa primera ronda de preguntas, legisladores de oposición pusieron sobre la mesa temas como el desempeño de unidades; entre ellas la de narcomenudeo, la discrepancia en cifras de personas desaparecidas y la falta de avances en investigaciones contra exfuncionarios.

 

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En un momento que generó reacciones encontradas, Andrade Ramírez se autocalificó con una nota de 10, aunque precisó que no se trataba de una valoración personal, sino del “compromiso institucional” que encabeza. “No me puedo autocalificar mi trabajo, no quiero ser arrogante”, matizó.

 

En el tema de personas desaparecidas, la fiscal informó que desde 2018 se han registrado 18 mil casos, de los cuales el 70% han sido localizados. Negó cualquier intento de ocultar cifras y destacó un aumento presupuestal para esta área, así como la ampliación del equipo de genetistas de 3 a 30 especialistas.

 

 

La diputada Santa Alejandrina Corral criticó que parte del tiempo de la comparecencia se destinara a hablar de mobiliario de oficina, cuestionando además la administración del C3 y C5 por parte de la FGE. Andrade Ramírez defendió la relevancia del tema, citando riesgos de salud para el personal, y aclaró que el C3 ya estaba bajo su jurisdicción cuando asumió el cargo.

 

El debate subió de tono cuando, en medio del turno de la diputada Daylin Ruvalcaba, el presidente de la mesa directiva, Jaime Rocha Cantón, le indicó que su tiempo había terminado. La legisladora reclamó que la fiscal ya tenía lista la respuesta, lo que generó un momento tenso en la sesión.

 

 

Por su parte, el diputado Diego Echevarría expuso que, de acuerdo con un estudio de México Evalúa publicado en abril de 2024, la impunidad en la investigación de delitos en Baja California es alarmante: violencia familiar 99%, narcomenudeo 97%, extorsión 94% y violación 89%. Citando cifras del INEGI, el legislador remató: “Refleja que es más probable sacarse un premio en la lotería que se resuelva un delito en Baja California”.

 

 

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