La XXV Legislatura del Congreso de Baja California aprobó por unanimidad la inclusión de la revocación de mandato en la Constitución local, una medida que permitirá a la ciudadanía evaluar y, en su caso, destituir al titular del Poder Ejecutivo estatal mediante voto popular.

De acuerdo con la reforma, el proceso podrá ser solicitado por la ciudadanía ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), siempre que se reúna al menos el 10% de firmas de la lista nominal, distribuidas en la mitad más uno de los municipios. El organismo tendrá 30 días hábiles para verificar el requisito y emitir la convocatoria, mientras que la votación se llevará a cabo el domingo siguiente a los 90 días posteriores, en una fecha que no coincida con elecciones federales o locales.

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La solicitud de revocación solo podrá presentarse una vez por periodo constitucional y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de mandato. Para que el resultado sea vinculante, se requerirá la participación de al menos el 40% de las personas inscritas en el padrón electoral, y la mayoría absoluta deberá votar a favor de la destitución.

El IEE será el encargado de organizar, desarrollar y computar la jornada, así como de emitir los resultados y, en su caso, la declaratoria de revocación. Las resoluciones podrán impugnarse ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado. Durante todo el proceso se prohibirá el uso de recursos públicos para recolectar firmas o promover el ejercicio, y la difusión estará a cargo exclusivo del Instituto, con carácter informativo y objetivo.

La reforma, que modifica los artículos 5, 12, 18, 27, 44 y 46 de la Constitución estatal, surgió de iniciativas presentadas por el diputado Juan Manuel Molina García y las diputadas Alejandrina Corral Quintero y Daylín García Ruvalcaba. El Congreso deberá ahora elaborar la Ley Reglamentaria que garantice la aplicación y legalidad de este nuevo derecho ciudadano.