Tras la reciente aprobación de la figura de revocación de mandato en el Congreso del Estado, el presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), Luis Alberto Hernández Morales, señaló que este mecanismo de participación ciudadana aún requiere cumplir con el procedimiento de reforma constitucional antes de poder aplicarse en la entidad.

El funcionario electoral explicó que, al tratarse de una reforma constitucional local, es indispensable que los ayuntamientos de los municipios de Baja California se pronuncien para que se alcance la mayoría requerida y con ello la reforma quede formalmente.

“Primero que nada, hay que esperar a que concluya el procedimiento de reforma constitucional. Al ser una reforma que requiere la participación de los ayuntamientos, hay que esperar a que eso concluya. En caso de que logre esa mayoría, que todo parece que así será, lo que toca ya es realizar esa nueva legislación y ver la manera en que la parte administrativa nos toca emitir algunos lineamientos para establecer cómo se debe ejercer eso”, explicó Hernández Morales.

El presidente del IEEBC puntualizó que una vez concluido el proceso constitucional, corresponderá al Consejo General del instituto trabajar en los lineamientos y formatos necesarios para que los ciudadanos puedan ejercer este derecho, en un proceso que deberá involucrar a todas las representaciones partidistas.

“Como ocurre con los mecanismos de participación ciudadana, se tiene que establecer un formato que indique cómo se debe llenar, se deben definir los pasos, pero eso será algo que involucre a todo el Consejo General. Se convocará a las representaciones de los partidos y podremos, como siempre en los institutos se hace, un trabajo colectivo”, agregó.

Hernández Morales subrayó que el papel del instituto será de carácter operativo y administrativo, asegurando que la institución estará lista para dar cumplimiento a la norma una vez que la reforma constitucional quede firme.

Finalmente, señaló que lo fundamental en este momento es respetar los tiempos legales y dar seguimiento al proceso de validación, para que el mecanismo de revocación de mandato pueda implementarse de manera adecuada y conforme a derecho.