El diputado local por el PAN, Juan Diego Echeverría, solicitó transparencia sobre la revocación de la visa estadounidense al esposo y a un hijo de la alcaldesa de Mexicali, y advirtió que es necesario esclarecer las razones detrás de estas decisiones y sus posibles implicaciones legales.

“Quien representa la ciudad, así como en su momento denunciamos a quien representa el estado, merece que se esclarezca su situación con Estados Unidos. Más allá de que se le haya revocado la visa, tenemos que saber por qué y qué implica”, señaló Echeverría.

El legislador destacó que hasta ahora lo comprobado es que las visas fueron retiradas a los familiares de la funcionaria, y alertó que es posible que cuando la alcaldesa cruce a Estados Unidos también le puedan negar el acceso.

Echeverría insistió en que la ciudadanía tiene derecho a conocer si la cancelación de las visas se relaciona con investigaciones por crimen organizado, lavado de dinero o depósitos irregulares en cuentas de Estados Unidos.

El diputado recordó que la revisión es especialmente relevante considerando los ingresos públicos de los funcionarios. 

“Sabemos cuánto ganan los servidores públicos; la alcaldesa del Ayuntamiento de Mexicali recibe alrededor de 50 mil pesos al mes, por eso necesitamos cuadrar cualquier situación relacionada con este tema”, enfatizó.

La revocación de visas a familiares de funcionarios mexicanos no es un hecho aislado. En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha aplicado esta medida en casos donde existen investigaciones por corrupción, lavado de dinero o vínculos con actividades criminales, buscando limitar el ingreso de personas relacionadas con posibles delitos internacionales. 

Echeverría señaló que este contexto refuerza la necesidad de transparencia y claridad sobre los motivos que llevaron a la revocación en este caso particular.

El legislador insistió en que la solicitud no busca hacer señalamientos infundados contra la alcaldesa o su familia, sino garantizar que la ciudadanía tenga conocimiento de cualquier situación legal que involucre a sus representantes. “La gente merece saber si existen riesgos legales que podrían afectar la administración municipal y la confianza pública”, agregó.