Durante su conferencia matutina, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, firmó una iniciativa de ley que reforma el artículo 317 Ter del Código Penal, con el objetivo de combatir de manera más efectiva la práctica conocida como halconeo. Esta conducta consiste en obtener información de instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia para compartirla con fines delictivos.

En conferencia de prensa, Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del Estado, explicó que los particulares pueden seguir instalando sistemas de vigilancia en sus domicilios sin temor a sanciones, siempre que no se ubiquen en vialidades o espacios públicos.

 

“Eso no se va a sancionar, no es un delito. Lo que se prohíbe es instalar sistemas de videovigilancia en postes, semáforos u otras vialidades, porque esas cámaras suelen utilizarse para obtener información de patrullajes o rondines y facilitar la comisión de delitos”, puntualizó.

El funcionario detalló que la reforma establece dos nuevas agravantes, las cuales son, el incremento de penas hasta en una mitad más cuando el delito sea cometido por servidores públicos o ex servidores públicos de instituciones de seguridad, procuración o administración de justicia y el segundo es la sanción a quienes utilicen equipos para intervenir transmisiones o comunicaciones oficiales, con el propósito de obtener y difundir información sensible.

Pon Méndez recordó que tan solo en lo que va del año se han retirado 1,377 cámaras de origen desconocido, y en toda la actual administración suman más de 1,600. “Este tipo de dispositivos se usaban para vigilar patrullas, conocer rutas y horarios de rondines, y con ello planear delitos”, subrayó.

 

La iniciativa también aumenta la pena de prisión por halconeo, que pasará de un rango de 1 a 3 años, a 5 a 8 años. Asimismo, se contempla sancionar la intervención, alteración o daño de los sistemas de videovigilancia oficiales ubicados en espacios públicos o inmuebles particulares.

 

 

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