Padres de familia y maestros de distintos preescolares municipales se manifestaron para exigir la reapertura de 16 planteles que fueron cerrados de manera repentina por el Sistema Educativo, sin previo aviso ni consulta a la comunidad. La medida, aseguran, dejó sin servicio educativo a más de dos mil niños, principalmente en zonas populares como Camino Verde.

Paola de la O, representante de los maestros afectados, explicó que la notificación del cierre llegó de un día para otro, lo que tomó por sorpresa tanto al personal docente como a los padres de familia. “Literal, para el día miércoles citaron a los padres y maestras, y el jueves ya nos estaban informando del cierre”, expuso.

 

En Camino Verde, una de las comunidades más impactadas, se contabilizan más de 100 familias trabajadoras que ahora no tienen dónde dejar a sus hijos para continuar su educación inicial. Los padres entregaron firmas como prueba de respaldo a su exigencia y recalcaron que la suspensión del servicio vulnera a comunidades enteras que dependen de estos planteles.

De la O detalló que en total son 16 preescolares los que se cerraron, de los cuales cinco fueron clausurados formalmente. Esto también dejó a 30 maestros sin espacio de trabajo. Los manifestantes acusaron que la decisión no solo careció de transparencia, sino que tampoco vino acompañada de un plan alternativo para la reubicación de los menores.

 

La representante recordó que apenas la semana pasada se reunieron con el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, quien se comprometió a dar una “solución inmediata”. Sin embargo, enfatizó que lo que los padres y docentes demandan no son promesas, sino acciones concretas: “Los padres no lo pidieron, lo exigieron. Lo que queremos es la reapertura de los preescolares y el mantenimiento correspondiente al programa nacional”, afirmó.

 

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Tras la manifestación de este viernes, los representantes de los padres y maestros fueron recibidos en la sala de presidentes por autoridades municipales y estatales; sin embargo, a la reunión no se permitió el acceso a medios de comunicación, lo que generó críticas sobre la falta de apertura y transparencia en el proceso.

 

 

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